Desde su concepción clásica, la democracia, como forma de gobierno, ha consistido en la participación ciudadana en los asuntos de interés colectivo, supeditando la esfera privada a la pública (Rey, 1998: 13). Aún salvando las diferencias entre la democracia ateniense y la moderna, es posible percibir cambios en los mecanismos mediante los cuales se ha hecho posible el ejercicio de la ciudadanía. En la antigua Grecia, si bien no todos eran considerados ciudadanos de la polis, aquellos que efectivamente lo eran asumían la democracia como una forma de vida, en la medida en que a través de ella era posible que las sociedades de aquellas ciudades-estado formularan las normas bajo las cuales habían decidido convivir mediante una participación de todos en el funcionamiento del ámbito público.
Evidentemente, el concepto de democracia no ha permanecido exento a los cambios y transformaciones ocurridas en seno de las sociedades contemporáneas. Inclusive hoy es posible discernir entre tener o vivir en una democracia y ser gobernados a través de una política democrática (Lechner, 1996: 104) lo cual en el pasado contemplaba una difusa distinción, sobre todo en el caso latinoamericano. Durante las últimas décadas la democracia se ha fortalecido, en el ámbito internacional, como el sistema normativo y organizativo de las sociedades y Estados-nacionales del presente. Esta preeminencia se plantea gracias a que la democracia ha demostrado ser una forma de gobierno capaz de ofrecer libertades y garantías fundamentales para el desarrollo del ser humano al contrario de los regímenes autoritarios.
Si bien es cierto que el caso venezolano constituye desde el punto de vista latinoamericano una particularidad en la instauración y evolución de la democracia (Camejo 1998: 213-214, Gómez Calcaño, 1995: 103-104), no es menos cierto que la aplicación en este país de un régimen democrático en la segunda mitad del siglo XX, que ha logrado mantenerse de manera ininterrumpida hasta hoy día, presentó síntomas de agotamiento muy similares a los registrados en otros países de la región. Bajo esta perspectiva, pareciera que el sufragio como ejercicio de la soberanía es el más importante mecanismo de una malentendida participación que sólo se limita a la expresión del voto universal, directo y secreto cada cierto tiempo, soslayando la corresponsabilidad que debe existir entre electores y gobernantes y desconociendo los valores socio-comunitarios como dinamizadores de los roles del ciudadano; todo ello en función de la profundización de la participación ciudadana en el desarrollo de las relaciones entre gobernantes y gobernados, que deben evolucionar positivamente en una sociedad racional, la cual representa la única garantía de compromiso y solidaridad para el logro del bienestar colectivo, objetivo ulterior de la democracia.
En 1999, mediante una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se promulga una nueva Constitución Nacional que declara un modelo de democracia participativa y protagónica (al menos en sus aspectos formales). Extender la participación democrática a todas las esferas de la sociedad, tales como: en el Estado, el trabajo, la familia, la escuela, la universidad, en las iglesias, los partidos políticos, las organizaciones sociales y en la economía (UBV, 2004: 47)
En cuanto a la democracia participativa, se destacan entre sus proposiciones para la democratización de la sociedad en los distintos ámbitos que la constituyen: a) La democratización del poder en la sociedad: en lo político, en lo social y en lo económico; b) El desarrollo de la conciencia individual y colectiva; c) La incorporación de la ciudadanía al debate sobre los temas de interés colectivo; d) El protagonismo de la participación popular en los procesos de toma de decisiones correspondientes al ámbito de las políticas públicas; e) La creación de organizaciones sociales autónomas; f) La contraloría social de la gestión del Estado; g) La incorporación de la figura del referéndum y potenciar su realización para la toma de decisiones en los diferentes niveles políticos; h) El respeto y promoción de la diversidad cultural; i) La creación de formas alternativas para la organización de la vida en sociedad; j) La promoción del pensamiento plural y la tolerancia a la diversidad de pensamiento; k) Respeto a la condición humana y sus derechos integrales (UBV, 2004: 47)
Hoy por hoy, a 16 años de una reforma constitucional, aun requerimos que nuestra ciudadanía, formada y educada en un modelo representativo, reoriente sus valores democráticos, recupere algunos e incluso amplie conceptualmente otros, en aras de su adaptación a los cambios políticos experimentados por la sociedad venezolana actualmente. Si bien nos encontramos en una profunda crisis política, económica, social, institucional y de carácter educativa, creemos que ésta debe ser una etapa de transición, en la cual no cabe duda y está más vigente que nunca la necesidad de formar al ciudadano que requerimos, es el momento indicado para estudiar los canales de participación ciudadana en el diseño y/o formulación de propuestas para el desarrollo educativo local, protagonizado por ciudadanos organizados (cada quien en su comunidad, localidad o municipalidad).
En síntesis, en el marco de un modelo formal de democracia participativa y protagónica se plantean enormes retos para la gestión pública, sobre todo en lo concerniente a la incorporación del ciudadano como sujeto partícipe en el desarrollo económico, social y educativo del país, más aún, teniendo en cuenta que las políticas públicas constituyen un puente entre el Estado y la sociedad (Salamanca, 1994: 228), así que nos preguntamos: ¿Participa la ciudadanía en la definición de procesos educativos?, ¿Debe la ciudadanía incorporarse activamente en la definición de dichos procesos?
